JORGE TINAS GÁLVEZ
Muchos son los analistas políticos que opinan que la derechización de la sociedad española, que está llevando a los resultados electorales que se han producido en Extremadura y Aragón, junto a los que lamentablemente se esperan en Castilla y León, además de los que posiblemente se alcancen en Andalucía, son fruto, entre otras razones, de las consecuencias del “procés” y de las posteriores decisiones del Gobierno derivadas de él, especialmente la amnistía. Como las decisiones de los nacionalistas para la gobernabilidad del país son determinantes, por la composición del Parlamento y en el caso de ERC aún más por el papel que jugaron para que Salvador Illa alcanzara la presidencia de la Generalitat, sus pretensiones, han de tomarse en consideración, aunque esto suponga la aparición de tensiones en otros territorios, incluso gobernados por el PSOE.
En este contexto surge la exigencia de ERC de una reforma del sistema de financiación del país que conduzca a un modelo diferencial que se aparte del modelo común, con una Agencia Tributaria Catalana que gestione todos los impuestos, en opinión de los expertos si esto no fuera más allá, podría estar incluso en las competencias que se recogen en la Constitución, pero la realidad es que algunas de las pretensiones parecen más acercarse a los modelos Forales de Navarra y el País Vasco, lo que nunca antes se había planteado como viable.
En todo caso la relevancia del asunto, que no solo ha supuesto el rechazo del PP sino de alguna CCAA gobernada por el PSOE, requiere de un debate, que en este caso como en tantos otros no se ha dado en el Partido. Por tanto, en nuestro Espacio de Debate se consideró de gran interés abordar una sesión dedicada a la Financiación Autonómica que se plantea al Gobierno, dentro de la cual estaría el modelo diferencial para Cataluña. Para ello, se organizó un acto en el Ateneo, para el cual se pensó que los ponentes debían tener una visión del problema que permitiera un análisis crítico de aquello que la versión oficial lo merezca. Por el perfil de los ponentes, Ana Herrero, profesora de la UNED y Juan Lobato, técnico de la Administración de Hacienda, además de senador del PSOE, conocedores ambos por su formación del asunto e incluso con opiniones no coincidentes, como se demostró, el debate estuvo al nivel que pretendían los organizadores.
Los ponentes coincidieron en la necesidad de una reforma del sistema de Financiación porque la LOFCA está caducada y debe adaptarse a las nuevas necesidades de cada CCAA, atendiendo a cubrir los servicios públicos necesarios, recortando las desigualdades que ya existen y con una especial atención a la financiación municipal, insuficiente para poder cubrir todos los servicios que debe atender. Interesante fue el debate sobre el llamado “dumping fiscal “que no debe considerarse tal siempre y cuando la CCAA opte por jugar estrictamente, de la mejor manera que considere para el desarrollo regional, dentro de sus competencias fiscales, pero siempre atendiendo la corresponsabilidad fiscal requerida
La claridad de los conceptos presentada por los ponentes permitieron tener una visión más ajustada de cómo funciona el sistema, alejada de las opiniones sesgadas que recibimos habitualmente de los medios
En cuanto al polémico asunto de la financiación catalana, quedó patente que la posibilidad de transferir competencias, aceptando la capacidad normativa propia, en coordinación con el Estado, más discutible es sustituir totalmente las competencias de la Agencia Tributaria Central, que llevaría a una opacidad equivalente a la que se sufre con las Comunidades Forales y pone muy en duda el cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial que hoy se recoge en el régimen común.
Inevitable en el debate era tratar del polémico asunto de la “Ordinalidad”, o sistema que establece el orden en el que debe quedar un territorio en la escala global una vez ultimados todos sus ingresos y contribuciones al sistema. Se consideró inaceptable la propuesta de ERC de mantenerse siempre en el mismo orden correspondiente a su contribución, lo que llevaría a una reducción a su aportación al FCI, en detrimento de la necesaria solidaridad. Parece evidente que los polémicos asuntos que se derivan de la reforma son un grave obstáculo para el Gobierno, muy especialmente los aspectos relativos a Cataluña, al formar parte de los acuerdos del PSC con ERC y que estos utilizan como base para la continuidad del apoyo al President. No menor es la dificultad derivada de la mayoría necesaria para la aprobación que requiere la modificación de una ley Orgánica como la LOFCA.
