El pasado 19-21 de enero tuvo lugar en La Coruña una Convención Política, convocada por el PSOE, en la que se realizaron varios Talleres de Debate, además de presentar el documento final denominado “Impulso país”. Más allá de una valoración más amplia de los contenidos del mismo, antes nos centraremos en su “oportunidad”.
En primer lugar, nos llama la atención que la modalidad de “Convención”, según los Estatutos del 40 Congreso (octubre 2021) no forma parte de los Órganos Federales (art. 21) que, sin duda son conocidos: Congreso, Comité Federal, CEF, Conferencias…
Al ser una convocatoria “novedosa”, no ha existido procedimiento de elección de delegados, debate previo de documentos, enmiendas… Este proceso “poco democrático” parece estar más cerca de un “partido de cuadros”, elitista, que de una militancia activa, comprometida y crítica.
En este “contexto”, no queda claro cuál es el carácter político-organizativo de el/los documentos elaborados (que no aprobados). Esta circunstancia: ¿se realizará en un Comité Federal? ya que, hasta el momento, solo son oficiales las Resoluciones del 40 Congreso (Valencia, 15-17 octubre 2021.
Con todo, para muchos y muchas militantes, para los que existe “sed de debates políticos”, orientados desde el interior del Partido, nos hace considerar el documento final de la Convención: “Impulso de País” de obligada lectura para la militancia y, posterior debate.
No obstante, este análisis o “lectura política” nos plantea ciertos condicionantes: 1) su relación/conexión con las Resoluciones del 40 Congreso; 2) su alcance político: ¿balance de la gestión de Gobierno realizada? y/o ¿programa de legislatura? y 3) ¿Tiene alguna relación con el Acuerdo de Gobierno PSOE-SUMAR?
En resumen, esta Convención más parece obedecer a un acto preelectoral, ante las Elecciones a la Junta de Galicia de febrero de 2024, en apoyo al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, que un evento organizativo con intencionalidad política hacia dentro y hacia fuera del PSOE.
Como decíamos, las ansias de debate político (¡militamos en un partido político!) y la necesidad de dar respuestas/alternativas a los problemas del mundo que nos rodea (compromiso político), nos ha impulsado a realizar una lectura crítica del citado documento que, ahora, queremos compartir con otros compañeros y compañeras socialistas. Destacamos algunos temas importantes:
- La economía. El empleo, los Sindicatos… Desde el inicio del citado documento aparecen reiteradas referencias a los “impulsos”. En primer lugar, al impulso del proyecto socialdemócrata: Estado del Bienestar (Educación, Sanidad, SS.SS.), transición ecológica, vivienda, cohesión territorial, cultura, derechos y libertades… Pero, en estos “impulsos” no aparecen el empleo de calidad, la reducción del Tiempo de Trabajo, o la participación de los trabajadores en la empresa como elementos centrales del Dialogo Social. Surge una pregunta: ¿Es posible el Proyecto Socialdemócrata sin Sindicatos?
Sorprenden algunas de estas ausencias, cuando en el Acuerdo PSOE-SUMAR (“España avanza”) al referirse al Empleo de calidad para asegurar la productividad se recoge explícitamente la reducción de la semana a 37,5 horas semanales, la referencia a un Estatuto del Trabajo del siglo XXI…
Por otra parte, compartimos el reto común de la transformación digital, su importancia para la productividad… pero echamos en falta las consecuencias en las condiciones de trabajo de las Plataformas-algoritmos (riders) con gran incidencia en el sector del transporte, pequeño comercio…que debería de controlarse/regularse de manera más explícita. En este contexto, otra pregunta: ¿Por qué no se habla de los “beneficios compartidos” de la productividad?
Finalmente, nos referimos a la necesidad de reforzar el papel de la industria en España (estamos en un 14% PIB vs 20% en la UE). Se habla de que “estamos impulsando nueva Ley de Industria”: doble transición (soberanía estratégica industrial) verde y digital: aspecto importante y urgente que requiere de políticas sectoriales concretas. Salvo en el Sector del Turismo (12% del PIB), el impulso industrial parece, más bien, tener “el pulso bajo”.
- Combatir la vulnerabilidad social y económica. En el documento se destacan varios problemas de especial preocupación social:
- a) El Ingreso Mínimo Vital (IMV) con 735.562 hogares beneficiarios (alrededor de dos millones de personas). Ha sido una iniciativa necesaria, pero muy lenta y burocrática para reducir exclusión social y la pobreza severa. Además de simplificar el acceso, habría que mejorar y articular de manera más ágil y operativa la coordinación con las CCAA. gestoras de otras ayudas referidas a la inserción;
- b) Reducción de la pobreza infantil. Los datos, durante varios años, vienen siendo son muy negativos: España obtiene la “peor nota” en pobreza infantil de la UE (2,2 millones de niños y niñas viven en pobreza relativa, según UNICEF)
- c) Derecho a la vivienda digna, que debería ser considerado como el quinto pilar del Estado del Bienestar. Un problema grave para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, especialmente para los jóvenes, que no se trata más allá de la referencia a la Ley de la Vivienda (2023) con grandes limitaciones, debido al problema competencial de CCAA. y Ayuntamientos.
La vivienda debería ser excluida de la “normas de la competencia” (mercado) y posibilitar ayudas públicas, como ocurre en varios países de la UE.
Finalmente, ante la desigualdad económica, la exclusión social, la pobreza y la provisión de Políticas y Servicios Públicos de calidad es importante que este apartado haga referencia a “una fiscalidad justa y verde”. Pero ni se habla de propuestas y, lo más grave, no se refiere a la “reforma fiscal”, varios años aplazada y, recientemente, urgida por las autoridades comunitarias.
- La democracia. Gobernanza: compartir los problemas y las soluciones. En este apartado, nos parece que el citado documento “reflexiona mucho y concreta poco”. Por ejemplo, ante la “crisis territorial” no se aborda el compromiso de la Declaración de Granada (2013), apostando claramente por la necesidad de realizar un Pacto Federal, además de la política de “tender puentes y evitar choques” Declaración de Barcelona (2017).
Se apuesta por la Gobernanza (que nos recuerda la “conllevanza” de Ortega y Gasset) reforzando los instrumentos de cooperación voluntaria del Estado con las CCAA. (y de éstas, entre sí), experimentado en parte durante la crisis del COVID-19.
Se dice que la verdadera libertad es una democracia más fuerte. Y, es verdad. Pero, España es “el segundo país más polarizado el mundo” (La Vanguardia, 4 febrero 2024).
- España en el mudo. Más Europa. Además de hacer referencia al “limitado” Pacto europeo, denominado “histórico”, de Migración y Asilo (2023), se plantean como retos: la aprobación de la ampliación UE, las “nuevas reglas fiscales” del Marco Financiero Plurianual, con el riesgo de volver a la austeridad.
Hay referencia a otros Acuerdos UE-MERCOSUR, sin informar de que está en riesgo por la delicada situación de la agricultura (PAC). O, la delicada situación de la Guerra de Ucrania-Rusia, la autonomía estratégica de la UE, política y militar, ante otros retos como la invasión de Palestina por parte de Israel, la inestabilidad en el Magreb (incluidos los “acuerdos fantasmas” sobre migración y, especialmente en el Sahel que requerirían otra visión y otras políticas, asociadas a potenciar un desarrollo justo y sostenible a través de grandes inversiones tipo “Plan Marshall”.
En este contexto, tienen especial importancia los resultados de la próximas Elecciones Europeas (junio 2024) que nos deben comprometer ante el reto de que “otra Europa es posible”, con un liderazgo estratégico regional y global, capaz de seguir defendiendo la Justicia Social, la Democracia y los Derechos Humanos.