Jorge Tinas Gálvez
La movilización de los agricultores y los ganaderos con sus tractores, que estamos viviendo, han provocado cierta sorpresa entre los ciudadanos, que se están viendo afectados por las interrupciones de carreteras y otras alteraciones de la vida cotidiana. Dado que el conocido como sector primario de la economía, la agricultura y la ganadería, son de un funcionamiento bastante desconocido, merece la pena analizar en qué medida tales movilizaciones están justificadas.
En nuestro país actualmente este sector representa solamente el 2,3% del PIB y afecta a menos del 4% de la población activa, no son sus problemas de los que habitualmente se habla en los medios generalistas, ni en la prensa económica, pero conviene recordar que esto no siempre ha sido así y la importancia de lo que en otros tiempos se llamaba “problema agrícola” ha tenido una repercusión muy relevante en nuestra historia y no siempre para bien.
En el siglo XIX se cultivaban apenas 5 millones de hectáreas, en las que el latifundio y un campesinado pobre eran las condiciones dominantes en gran parte del país y .en esa época la mayoría de la población vivía y trabajaba en el campo. Al comienzo del siglo XX subsistía el antiguo régimen agrario y 10.000 familias poseían el 50% del catastro y el 1% eran propietarios del 42 % de la propiedad territorial (Pierre Vilar), lo único novedoso fue el inicio de cultivos para la exportación y la especialización ganadera de Asturias y Galicia.
En el resto de Europa se fueron imponiendo reformas agrarias y la República española intentó abordar los problemas con un amplio conjunto de reformas legales, cuyos resultados no prosperaron por el fuerte control que ejercía la derecha política encabezada por los grandes propietarios En 1931 el área cultivada representaba casi un 50% de de la superficie total del país, siendo los cereales y leguminosas más del 73% de ese espacio y el sector agropecuario ya era básico en la economía española, pero la Guerra Civil y el posterior ostracismo al que fue sometido España arrasaron con el incipiente desarrollo de este sector.
A partir de los años cincuenta se produce un fuerte abandono del campo hacia la ciudad o el extranjero y de forma gradual se llega a una crisis de la agricultura tradicional, consolidándose un modelo de latifundismo que obtiene beneficios saneados y un minifundismo con resultados mínimos para la supervivencia. Los resultados conducen a una evolución negativa de la importancia del sector primario : En 1964 suponía el 36% de la población activa y representaba el 16% del PIB , y ya en 1980 era solo el 15% de la población activa y su aportación al PIB apenas el 8%.
El retraso con respecto a los importantes países agrícolas de Europa era muy importante y todos los estudios llevados a cabo pusieron en evidencia que la agricultura y la ganadería españolas no habrían podido competir y apenas subsistir sin la incorporación de España a la U.E Tras la misma el sector sufrió una gran transformación, hoy están ocupadas en él menos de 800.000 personas, el 3,6% de la población activa y representa el 2,3% del PIB, frente al 16% de la industria o el 75% de los servicios, pero con las ayudas de la PAC es un sector muy avanzado y competitivo en Europa
La importancia de la PAC ha sido determinante en toda Europa y por ello se consideró de la máxima importancia, de manera que hoy se le destina más del 30% del presupuesto de la UE. En España, de las 900.000 explotaciones agrícolas existentes casi el 75% reciben estas ayudas, no hay ningún otro sector tan subvencionado, esto no impide que se hagan las reclamaciones que se consideren justas, pero las posiciones contrarias a la PAC que se están oyendo solo son explicables por la manipulación que la extrema derecha de toda Europa está haciendo ante las próximas elecciones del mes de junio.
Conviene, pues, analizar las demandas del sector para distinguir cuáles de ellas son justificadas de las que son incluso contradictorias con las necesidades reales de lo que viene llamándose:” el campo”. La primera consideración está en establecer la diferencia entre el campesino, que posee propiedades, casi siempre familiares, de menos de 5 Ha, de los empresarios agrícolas con grandes explotaciones, que ya suponen casi el 60% del total, llegando a acaparan el 80% de las ayudas.
Este matiz es muy importante ante la reivindicación referida a la simplificación de la burocracia y el llamado Cuaderno Digital. Es indiscutible que para un pequeño propietario las exigencias pueden ser excesivas, llagando a ahogarlo de cara a su trabajo, siendo por tanto necesaria una revisión de las condiciones que se han propuesto. No obstante, para las grandes explotaciones, con decenas o centenares de trabajadores, que reciben subvenciones millonarias, lo que exige la existencia de una administración autónoma, casi siempre dotada de recursos ofimáticos, no es imposible mejorar las exigencias de control que establece la nueva PAC.
En relación con la competencia desleal que suponen los productos procedentes de mercados con menos exigencias sí es un argumento en el que están justificadas las reclamaciones del sector, debe por ello la UE establecer criterios que amortigüen esta situación, aceptando las dificultades que ello entraña en un mercado globalizado con reglas establecidas sobre el libre mercado. En este ámbito tienen un papel relevante los consumidores que pueden optar por no adquirir productos cuyo origen sea de países que no cumplan con las debidas garantías sanitarias, ambientales y laborales, aunque tengan un menor precio.
En relación con los precios, una medida adoptada, en este caso no de ámbito Comunitario, sino nacional, fue la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo cumplimiento sí ha demostrado ser insuficiente, por su limitada aplicación y débiles sanciones, de manera que ha beneficiado escasamente a los agricultores mientras que los precios de los alimentos al consumidor han subido de una forma extraordinaria.
Y por último, el asunto que más merece la pena analizar son las demandas sobre la anulación de los efectos del Pacto Verde de la UE. No debe olvidarse que la reforma de la PAC pretende ajustarse a lo establecido en ese Pacto por el cual la UE quiere cumplir con los compromisos de los acuerdos de París para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Aunque en diferente medida de unas organizaciones a otras, en las movilizaciones, si domina un cierto “negacionismo del cambio climático”, acusando a la UE de “dogmatismo ambiental”. Dada la importancia y las graves consecuencias derivadas del cambio climático que estamos sufriendo:
Sequía, lluvias torrenciales, inundaciones y desajustes en los ciclos de los cultivos, efectos que todos ellos afectan principalmente a la agricultura, el posicionamiento contrario a tomar mediadas paliativas es además de inaceptable, contradictorio con los propios intereses del sector.
Por mucho que algunos quieran negarlo, la agricultura y la ganadería, tienen unos efectos muy relevantes sobre el medio ambiente y los datos, no las opiniones, del propio Ministerio de Transición Ecológica lo evidencian. La utilización de fertilizantes en un caso y la gestión de los estiércoles y purines en otro, inciden de forma relevante en la contaminación atmosférica y de las aguas superficiales y subterráneas, así como en las emisiones difusas de gases de efecto invernadero.
España está comprometida, como el resto de la UE, en cumplir con los objetivos de la Agenda Verde , para ello ha aprobado una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y ha establecido un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030), que nos afecta a todos , porque para todos pueden ser demoledoras las consecuencias del cambio climático y siendo conscientes de los impedimentos y trastornos que exigirán algunas de sus medidas no hay argumentos de carácter sectorial que lleven a eliminar exigencias como las que se establecen en el citado PNIEC, así como el los Reales Decretos de regulación del porcino y del bovino medidas que podemos resumir en:
- Aplicación de rotaciones de cultivos herbáceos y de secano
- Ajuste de las cantidades de fertilizantes nitrogenados a las necesidades reales
- Vaciado frecuente de los purines en las explotaciones
- Cubrimiento de las balsas de purines
- Separación de las fraccione líquida y solida de los purines y su tratamiento
Los datos antes citados, la creciente superficie del país afectada por la contaminación por nitratos de los suelos y de las aguas, en las establecidas como Zonas Vulnerables, para protegerlas de tal contaminación, nos recomiendan actuar sin demora, no solo porque la UE viene sancionando al Estado español por incumplimiento de las Directivas, sino porque tal contaminación afecta al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.
Las medidas y restricciones que han de aplicarse exigirán esfuerzos económicos y por ello la Agenda Verde ha reconocido la necesidad de una “transición justa” hacia la neutralidad climática y que los cambios no se produzcan a cargo de los menos favorecidos, que en este caso serán los pequeños agricultores y ganaderos, para los cuales la reforma de la PAC debe ir en el sentido de una más justa distribución de las ayudas y no en la rebaja de las exigencias ambientales.
En este sentido deben ir las demandas que el Gobierno de España haga ante la UE, atendiendo las razonables peticiones del sector, pero no aceptando reducciones que alteren a la posición de vanguardia de la UE en la lucha contra el cambio climático, como parece que van a exigir las fuerzas de la derecha europea, hacerlo no solo será un grave retraso sino contradictorio con lo hasta ahora establecido y muy negativo para el futuro de la propia agricultura y la ganadería.
Febrero, 2024