Jorge Tinas Gálvez
Enero, 2024
No hay un solo día en el que los medios no hagan referencia al cambio climático, es un asunto de presencia permanente que provoca reacciones que van desde el catastrofismo de quienes nos aventuran el fin de la humanidad, hasta los negacionistas que lo consideran un problema ficticio creado para restringir aún más las libertades individuales. Posiciones tan distanciadas hacen que el ciudadano medio, se sienta en ocasiones confuso ante la auténtica dimensión del problema, reconoce su importancia, y está entre las mayores preocupaciones pero que no alcanza a ver en qué medida se están adoptando soluciones y en qué medida puede contribuir a las mismas.
Desde el Acuerdo de París en 2015 quedó claro que para no superar el umbral de esos 1,5-2ºC, del que nos hablan los científicos debemos dar fin a la era del carbono como base del modelo económico, pero ante esta disyuntiva es inevitable que cada uno no se pregunte: ¿Es esto posible sin que se vea afectada nuestra forma de vida?
Estamos ante un grave problema global para el que solo valdrán las soluciones globales. El marco de referencia de esas posibles soluciones viene siendo los acuerdos de las Conferencias de las Partes, conocidas como COPs. En la más reciente, celebrada en Dubái, han participado más de 200 países y los acuerdos alcanzados, suscritos por 198, pero ninguno de ellos es vinculante, ni hay sanciones por incumplimiento. Todo queda a la voluntad de los gobiernos porque no hay una gobernanza global y la ONU como promotora de los encuentros carece de capacidad para hacerlo.
Es cierto que en cada nueva Conferencia se alcanzan avances, en esta COP28, quizás lo más destacado haya sido:
El objetivo de triplicar la capacidad de las energías renovables
La aprobación de un fondo de pérdidas y daños para los países en vías de desarrollo
Inclusión de una transición justa para todos los sectores que se vean afectados por las acciones transformadoras en una década que será crítica.
Así expresados parecen objetivos muy claros y concretos, pero en cuanto nos adentramos brevemente en su análisis se manifiesta su tremenda complejidad y desde luego alguno aparece muy alejado de nuestro ámbito de competencias y posibilidades de actuación.
Cada día las noticias nos hablan de las elevadas temperaturas que se están produciendo en los últimos años en todo el Globo, las más elevadas desde que se dispone de datos, dando origen a extremas sequias, inundaciones y graves pérdidas en la agricultura. Si estos efectos han sido relevantes en todas partes, en los países en desarrollo han sido devastadores. Desde que empezaron a notarse las consecuencias del cambio climático esos países vienen reclamando un fondo para sufragar las pérdidas y daños producidos en las personas y los bienes por causa del cambio climático del que ellos son los menos responsables y ya los más afectados, pero hasta ahora no se había aprobado el llevarlo a cabo. Es por tanto este acuerdo uno de los más relevantes de la COP 28. No obstante, como están reconociendo diversas organizaciones internacionales las cantidades aprobadas están muy lejos de las necesidades reales.
No es fácil establecer cuál sería el volumen de recursos necesarios, aunque algunas estimaciones ascienden a 400.000 millones de dólares, cuando la cifra aprobada ha sido de 656 millones de dólares, de los cuales los más destacados son los 245 de la U. E, los 100 de los Emiratos Árabes y la ridícula cantidad de 17,5 de USA. Se ha hecho una propuesta para que en 2030 el Fondo alcance los 100.000 millones, que en principio serán gestionados por el Banco Mundial, cuando la solicitud de los países afectados era de 100.000 millones anuales. En todo caso no hay mucha confianza de que esa cifra se alcance porque ya se consideró la necesaria en la cumbre de París en 2015 y no ha sido realmente acordada hasta ahora, en las cantidades citadas, no siendo obligatorio para ningún país cumplir con las aportaciones.
Esta primera entrega de análisis de los acuerdos de la COP28, recoge el compromiso que en principio podría ser el más fácil de cumplir por los países desarrollados porque las cantidades comprometidas están enormemente alejadas de alguna de las cifras que los propios países aportan en fondos públicos por los combustibles fósiles. En la fecha del Acuerdo de París (2015) en el mundo se gastaron 4,2 billones de dólares en esos combustibles, pero en 2022, la cifra ascendió a 6,5 millones, según el Banco Mundial.
En España, según datos del FMI, el apoyo del Gobierno a consumidores y empresas por la crisis energética, ascendió a 24.000 millones de euros. Si realmente vamos a reducir el consumo de combustibles fósiles será posible también reducir esa cifra y destinar parte del ahorro al Fondo del que estamos tratando, pero eso repercutirá en el bolsillo de cada uno de nosotros, contribuyendo así a los objetivos contra el Cambio climático, esto demuestra la globalidad del problema y sus soluciones, pero su aceptación ya es otro debate.