Jorge Tinas Gálvez

Ante la consulta que hace el Partido Socialista a su  militancia en relación con la Amnistía se suscita entre muchos de ellos una gran duda, quizás la mayor que se le ha presentado nunca a aquellos que llevan muchos años en el Partido, porque en esta ocasión el gran dilema se plantea a la hora de tomar una decisión que hay que valorar en términos de la ética o de la práctica política, que en esta ocasión se ven claramente enfrentados.

Solamente el más crudo pragmatismo ante la situación a la que han llevado los resultados electorales puede explicar un cambio tan radical en las actitudes ante quienes llevaron a la sociedad catalana en particular y a la española en general a la gravísima crisis, provocada por el “procés”, que generó la  ruptura de la convivencia y atentó contra  el  Estado de derecho, al romper de forma unilateral con  la Constitución española y el propio Estatuto de Cataluña.

Como ha demostrado en múltiples ocasiones el PSOE es el partido que más ha defendido la Constitución ante cualquier ataque o incumplimiento, hasta el punto de apoyar  al Gobierno del PP para  la aplicación del artículo 155 de la misma, ante la gravísima situación creada para la estabilidad del Estado por la declaración unilateral de la  independencia de Cataluña.

Las medidas tomadas, como la aplicación posterior de la ley por los delitos cometidos por los responsables del “procés”, no fueron más que la aplicación de los instrumentos que un  Estado  democrático dispone para defenderse de quienes atentan contra él, así lo ha venido defendiendo el PSOE y su Gobierno de forma reiterada, porque el sometimiento a las leyes es la base de un sistema democrático, sin excepciones.

Hoy se nos dice que la amnistía aplicable para los responsables del “procés “, no es solo la llave para alcanzar  el Gobierno, sino el instrumento para la “normalización” de la sociedad catalana y sus relaciones con el resto de España , porque los indultos aplicados a quienes pasaron años en prisión por los delitos cometidos lo han evidenciado. Aceptando tales argumentos, desde la práctica política, pude entenderse que si las medidas de gracia del Gobierno se aplicaron a los máximos responsables, no sería coherente no hacerlo con los segundos y terceros niveles de ciudadanos que aún están pendientes de la justicia, en la  hipótesis de  que  la extensión de esa medida pueda conllevar  una mayor estabilidad  de la situación política en Cataluña.

No obstante, no es asumible, que el Sr. Puigdemont y otros de sus directos colaboradores, máximos responsables de haber llevado a la sociedad catalana y al Estado a tales límites, tras lo cual, en vez de asumir la responsabilidad contraída, huyeron de la justicia española y utilizaron múltiples argumentos para desprestigiar al Estado español, sean ahora amnistiados.  Por todo ello, desde  los órganos de la dirección del PSOE se ha dicho de forma reiterada y contundente  que debía buscarse por todos los medios como  someterlos a esa justicia que querían eludir, pero ahora se plantea  amnistiarles  sin más,  sin haber pasado ni un solo día en la cárcel y sin renunciar de forma expresa a la utilización de la vía unilateral para alcanzar sus objetivos de independencia de Cataluña, pero siempre al amparo de lo que permite la Constitución.

Ante esta situación, cuando los órganos de dirección del Partido solicitan de  cada militante su aprobación para llevar a cabo esa amnistía el  dilema que se plantea no es si la decisión a tomar la condiciona su constitucionalidad  o  no, algo que deberá dirimir el Tribunal Constitucional, sino cual es la posición que debe adoptar un militante, cuyo juicio ético ante este dilema no coincide con los órganos de gobierno, que son los que deben  asumir la responsabilidad de una práctica política que para muchos puede resultar discutible. La simplificación de la pregunta, eludiendo la parte sustancial del dilema no permite matices. Votar NO es mostrar disconformidad con la totalidad de una propuesta con la que se está de acuerdo en gran parte  y de cuyos resultados negativos, de ser muy abundantes, podrían los medios contrarios al Gobierno del PSOE hacer una interpretación sesgada de descalificación total de las bases. Votar SI, es aceptar de forma implícita algo contra lo que la valoración ética y la interpretación de los principios socialistas de igualdad ante la ley no encajan, aceptando que el fin justifica los medios, principio maquiavélico del que pueden hacer uso quienes como el Príncipe tienen la responsabilidad de gobierno, pero que puede ser rechazado bajo una estricta ética personal.

No cabe, pues, más que la Abstención , como decisión personal y que sea la sociedad la que haga su valoración futura  de si los argumentos aducidos para llevar adelante esta  amnistía, que antes era considerada inaceptable, son asumidos como válidos, con lo cual quedarán satisfechos los defensores de esta práctica política y tranquilos los que  podemos defender nuestros principios.