Juan Salas Buendía. Septiembre 2021.
La desigualdad social es el problema político que domina nuestra sociedad actual, que se manifiesta en diversos campos de nuestra realidad social. Se extiende a las diferencias económicas, a la exclusión de acceso a la vivienda, a la limitación en la formación y en consecuencia al acceso al empleo, a no tener acceso a prestaciones sociales necesarias y adecuadas e incluso a la capacidad de influencia para implantar políticas sociales.
La Comisión Europea, recientemente, en su segundo informe anual de prospectiva estratégica, desde una perspectiva multidisciplinar y con visión de futuro, ha señalado las tendencias claves que afectarán a la capacidad y la libertad de acción de la Unión Europea (UE). En el informe, con especial énfasis, se identifican diez áreas estratégicas en las que la UE debe fortalecer su capacidad. La séptima área estratégica es desarrollar habilidades y retener el talento necesario para los objetivos y necesidades de la UE. Para poder ejecutar esta séptima área será necesario transformar los sistemas educativos y de formación vigentes ya que las habilidades y conocimientos necesarios de la nueva economía digital y sostenible serán diferentes a los actuales. El informe estima que, para 2050, el 54% de los puestos de trabajo requerirán un nivel educativo superior al actual, habilidades digitales contrastadas y experiencia desarrollada en el sector, además de competencias notables en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).
La realidad de España, en el contexto europeo señalado, es especialmente crítica y el limitado nivel de formación de los jóvenes españoles un factor determinante de desigualdad social y desempleo.
España, en 2015, era el país europeo con menos titulados en FP, 9%, peor que Irlanda (15%) o Grecia (15%) y a años luz de Alemania (57%) u Holanda (35%). A pesar de la fuerte demanda que ha registrado la FP, con un incremento notable en los últimos años, desde los 861.906 alumnos matriculados en 2019-2020 hasta 1,01 millón en el curso 2021, según el Ministerio de Educación, España continúa rezagada en esta modalidad de estudios, sólo 12% de los jóvenes frente al 29% de la OCDE. El 44% de los españoles no ha pasado de la ESO, por el 23% en la media de la OCDE y el 21% en la UE y, a pesar de esto, paradójicamente, España cuenta con 1,7 millones de universitarios, una cifra similar a la de Alemania y Francia.
Y, siguiendo con peculiaridades, España contabiliza 11 millones de trabajadores sin título que acredite sus capacidades, mientras las empresas no logran cubrir casi la mitad de sus ofertas de empleo. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2020, el 41,3% de las ofertas de trabajo exigía un título de FP, frente a un 33,7% de un grado universitario. En 2025, la demanda de FP será el 49%. Y, más singularidad española aún, en la modalidad reina de la FP, la FP dual, que combina clases en centros educativos y prácticas en empresas, sólo están matriculados el 3,6 % de los estudiantes españoles de FP, frente al 60% en Alemania.
La realidad española descrita nos lleva a una situación crítica. El desempleo en menores de 25 años en España es el más alto de la UE, un 37,7%, más del doble que la media comunitaria.
Viñeta de «EL ROTO»
El Gobierno de España, en su política de transformación y modernización de nuestra realidad social y económica con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía pretende una modernización absoluta del sistema socio económico con reformas como la de educación. En ese contexto tiene trascendencia un nuevo proyecto de Ley de Formación Profesional para abordar la realidad española de desempleo juvenil.
El Consejo de Ministros del 7 de septiembre 2021, ha aprobado el proyecto de ley de una nueva FP, con un impacto presupuestario de 5.474 M€ en sus cuatro años de implantación.
Este proyecto de Ley Orgánica de FP, a debatir en el Congreso y Senado, aumenta significativamente el número de horas lectivas que los alumnos harán en las empresas, impulsa la acreditación de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que carecen de titulaciones oficiales y refuerza notablemente la relación FP con la Universidad.
Hasta ahora, los alumnos de Formación Profesional reciben en la empresa una media del 15% de horas lectivas. La nueva ley multiplicará dicho tiempo, organizando la enseñanza en dos grandes regímenes. En la llamada FP general los alumnos realizarán en la empresa entre un 25% y un 35% de las horas de formación. En la otra rama, llamada FP intensiva, el mínimo de horas en la empresa será del 35% y la ley no establece un límite máximo.
Los estudiantes de la FP intensiva realizarán su estancia en las empresas con un contrato de formación, que será definido por la legislación laboral.
Los alumnos tendrán una doble supervisión, con un tutor del centro educativo, que tendrá la responsabilidad final a la hora de evaluar, y otro en la empresa.
El objetivo del Gobierno es dar un reconocimiento oficial al gran número de trabajadores, hasta 11 millones, según cálculos empresariales, que a pesar de tener un elevado grado de experiencia profesional carecen de títulos que lo acrediten
Los alumnos matriculados en Formación Profesional podrán estudiar materias optativas en las facultades y a la inversa, mediante convenios que deberán firmar las universidades.
La nueva FP permitirá a las comunidades autónomas participar de una forma más activa en el diseño de la formación para incluir elementos propios en el currículum educativo.
En conclusión, un proyecto de Ley que, en general, tiene el apoyo de las organizaciones empresariales y sindicales. Es un proyecto para resolver un tema trascendental de Estado. Es de esperar que la responsabilidad política de todos ayude a lograr un consenso global de todas las fuerzas políticas. España lo necesita y exige.