Juan Salas Buendía
La desigualdad es el problema político que domina las políticas públicas de muchos países. La lucha contra la desigualdad es el elemento que unifica la mayoría de las protestas y movilizaciones en la sociedad actual, a nivel mundial.
Las concentraciones extremas de la renta, de la riqueza y del poder como las existentes en nuestra sociedad actual, en un número tan reducido de personas, constituyen una amenaza para la cohesión social y la justicia social, valores sobre los que se asienta la democracia.
La lucha contra la desigualdad debe enmarcarse en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789. “Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos”.
Las ideas mueven el mundo y el motor que conduce la evolución de la sociedad es la propiedad privada. Las desigualdades crecientes de ingresos y patrimonio son consecuencias de una ideología. Una ideología que justifica la posesión de riqueza y propiedades. En la actualidad prima una lógica de acumulación de riquezas y una sacralización del derecho a la propiedad.
En el siglo XX se obtuvieron éxitos en la lucha contra la desigualdad y en el crecimiento económico. La socialdemocracia de la posguerra mundial adoptó políticas de fiscalidad progresiva, con altos tipos a las rentas altas y la propiedad, adoptó sistemas de protección social de gran nivel y, fundamentalmente, acceso intensivo a la educación. En definitiva, se distribuyó la riqueza y se hizo circular la propiedad.
La revolución conservadora de 1980 fue la causa y el motor de que el mundo entero entrase en una dinámica muy poderosa de autorregulación de los mercados y de sacralización de la propiedad. Esta ideología conservadora aún impera en el mundo y en España tiene en la derecha política su adalid más entusiasta. La situación mundial presenta un riesgo continuo de competencia exacerbada, de políticas fiscales desequilibrantes y de enaltecimientos nacionalistas e identitarios.
La crisis financiera de 2008 fue el aldabonazo para tomar conciencia de las limitaciones del capitalismo mundial. A partir de ese momento surgen ideas y movimientos políticos orientados a poner en marcha un nuevo modelo económico equitativo y sostenible. La UE puede y debe ser, con un federalismo social muy arraigado y asentado, clave en este nuevo movimiento mundial. En este contexto es donde la socialdemocracia, de nuevo, puede y debe ejercitar su política socialista de participación, de distribución de la riqueza, de políticas sociales que luchen y eliminen las desigualdades sociales existentes. Es la oportunidad de vencer a la ideología conservadora causante de las desigualdades sociales existentes.
La desigualdad social se manifiesta y se extiende a los espacios económicos, de exclusión de vivienda, de limitación en la formación, de acceso y exclusión a las prestaciones sociales de todo tipo e incluso en capacidad de influencia para implantar políticas sociales. Las políticas sociales tienen su manifestación más clara en los gastos sociales que las administraciones publicas establecen en sus presupuestos.
El reciente informe, septiembre 2021, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala las políticas sociales que se están implementando en España, en los últimos años.
El análisis detallado del referido informe pone de manifiesto todo lo señalado previamente, en referencia a que es la ideología política conservadora la que establece las políticas sociales que generan desigualdad. El ejemplo paradigmático en España es la Comunidad de Madrid.
Madrid, la Comunidad más rica de España, con 35.900€ de renta per cápita, es la que menos inversión social por habitante realiza en nuestro país.
Madrid, con 2.204, 34 € por persona se encuentra a la cola del gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante en España. Un 15% inferior a la media comunitaria que es 2.509,32€.
En Sanidad, Madrid, con 1.204, 44€, es la que menos gasto por ciudadano tiene En España. Un 13% inferior a la media de las Comunidades que es de 1.375€. Muy lejos de las Comunidades que más invierten por habitante en este concepto, País Vasco, Navarra y Asturias que están por encima de los 1700€. Madrid invierte, por madrileño, en Sanidad entorno al 48% menos que esos territorios.
En Educación, la política social de Madrid es la más significativa de la ideología conservadora que tiene el gobierno de la Comunidad desde hace décadas. Madrid, con 725, 03€ por ciudadano es la que menos invierte, Un 20% menos que la media comunitaria. También muy lejos de las que más gasto educativo tienen, País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia, que están entre 1.300 y 1.000 € por habitante. Es decir, todas con más de un 42% de gasto que Madrid.
En Formación Profesional, Madrid, con un 35% de paro juvenil, tiene una gravísima crisis de matriculación. En Julio 2021, 24.914 solicitudes no pudieron matricularse en plazas públicas en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. El déficit de plazas públicas y falta de profesorado es estructural por falta de inversión pública. Esta ideología conservadora tiene su punto álgido en la política de beca-comedor. El Gobierno del PP, de Diaz-Ayuso, ha decidido que la beca- comedor de un niño sea incompatible con que su familia reciba el ingreso mínimo vital. Es significativo.
La conclusión en esta lucha contra la desigualdad, es que hay que dejar de considerar el gasto social como una inversión improductiva. Y así, por ejemplo, la enseñanza pública gratuita no es improductiva, es una inversión muy productiva en el futuro de la sociedad. El gasto social es una inversión productiva.
Septiembre, 2021