JOSE MANZANARES NÚÑEZ

Sindicalista de UGT y militante del PSOE

En la actualidad, el salario ya no cubre las necesidades básicas de una gran parte de la ciudadanía. Por primera vez, desde hace años, se habla de “trabajadores pobres”. Además del alto paro y precariedad que lleva a que casi un tercio de la población tenga dificultades para llegar a fin de mes y a que cerca del 50% de los asalariados, con la Reforma Laboral del PP (2012), se les hayan reducido sus salarios en torno al 25% en los últimos 10 años.

 Si a esta situación, añadimos los recortes en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios Sociales, podemos afirmar que la pobreza y la desigualdad han venido aumentando en España  a lo largo de la crisis, situándonos en uno de los países de la UE donde más ha aumentado la “brecha social”, como lo constatan diferentes estudios nacionales (Intermón Oxfam, Cáritas…) e internacionales (EAPN, Eurostat, OIT…).

En todo caso, la mayoría de la población disfruta de los ingresos necesarios para una subsistencia elemental: alimentos, vestido, vivienda… y no mucho más. En el Estado del Bienestar el suministro de los servicios básicos (Educación, Sanidad…) por los gobiernos permite a las familias completar lo que el salario no da para afrontar una vida decente. Nuestra Constitución de 1978 obliga al Estado a facilitarlos por mandato democrático, al ser considerados derechos básicos de las personas.

Desde que la última reforma educativa del PP (LOMCE/Wert, 2013) eliminara la asignatura de Educación para la Ciudadanía, nuestros jóvenes no tienen ninguna herramienta formativa que les dé cuenta de uno de los elementos más importantes del funcionamiento de nuestra sociedad: la educación fiscal o tributaria. En efecto, la fiscalidad (Ingresos) es el correlato necesario para analizar el Gasto que, anualmente, cobran importancia con la discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), claves para mantener y aumentar nuestro Estado del Bienestar, “patrimonio” de las democracias europeas desde hace más de un siglo..

Este fenómeno traspasa también a los adultos. Más bien existe una desinformación interesada (Campañas “sin IVA”; competencia política en la bajada de impuestos…), distorsionando uno de los elementos fundamentales de nuestra convivencia: la solidaridad entre las personas y los territorios (cohesión social y territorial).

La Educación Fiscal o Tributaria no pretende reducirse a la enseñanza de unas prácticas que capaciten para abordar los requerimientos del sistema fiscal. Tampoco ha de limitarse a ser una exposición académica del sentido y la finalidad de los impuestos en una sociedad democrática. Tiene como objetivo primordial transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras.

Por ello, su objetivo no es tanto facilitar contenidos académicos cuanto contenidos y valores de ciudadanía que se traduce en asumir las obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley y, después, porque se trata de un deber cívico, poniendo de relieve qué efectos tiene el incumplimiento de estas obligaciones sobre las personas y sobre la sociedad.

En la opinión pública española existe una percepción ampliamente generalizada acerca del grado de cumplimiento fiscal. Esta actitud ha evolucionado positivamente a lo largo de los años de vigencia del actual sistema fiscal, en contraposición con los detentadores de las rentas más altas. En este déficit de conciencia fiscal coinciden todos los sectores sociales que, además, lo conciben como un reflejo parcial de un fenómeno más amplio: la crisis generalizada de valores en nuestra sociedad. Se demanda más ética ciudadana.

En este contexto, urge situar en el debate social y, sobre todo educativo la importancia de la Educación fiscal o tributaria consustancial en la defensa de nuestro “modelo social”, más allá de los programas de “emprendimiento” que desde diferentes instituciones financieras (BE, CNMV…), tratan de impulsar en las instituciones educativas.

Se presenta como urgente recuperar iniciativas encomiables como las llevadas a cabo por la  Agencia Estatal  de Administración Tributaria (AEAT), en colaboración con  el Instituto de Estudios Fiscales, desarrollo  en la década pasada, con un portal en Internet de Educación Cívico-Tributaria (en todas las lenguas constitucionales) con el propósito de proporcionar a los educadores que deseen implicarse en esta actividad materiales y recursos. Un recurso, por otra parte, preferido por nuestros jóvenes por su inmediatez, tecnología moderna, interactividad y facilidad de puesta al día.

Y, por supuesto, como acaba de recoger la reciente LOMLOE en sus art. 18 y 25, modificar los currículum de Secundaria y Bachillerato, dando cabida a esta materia en una renovada y obligatoria materia de Educación en Valores (antigua asignatura de Educación Ciudadana).

Nos va en ello asegurar una sociedad más justa, pacífica y cohesionada, sobre todo para las generaciones presentes y futuras.